El Ingreso Mínimo es Vital para el futuro de España
Dar dinero todos los meses a un grupo de personas en extrema pobreza es para algunos y algunas una “trampa”.
Uno de los objetivos de las rentas mínimas vitales es estimular la integración de los desempleados en el mercado laboral; También busca generar oportunidades de acceso a la educación e incluso ayuda a resolver problemas de salud. Sin embargo, lo hecho en España con el Ingreso Mínimo Vital, no resuelve, ni de lejos los problemas de empobrecimiento de un porcentaje amplio de la población que ha tenido graves problemas con la pandemia, y además, fomenta la Economía sumergida, que ya en España es un problema endémico.
Muchos puestos de trabajo se vieron afectados tras el cierre de empresas, generando un crecimiento considerable del desempleo: 3.857.776 personas hasta mayo de 2021. Si los pronósticos fueran correctos, el ingreso mínimo vital reduciría significativamente los niveles de pobreza y redistribuiría la riqueza de manera más equitativa. Pero no es así.
En concreto, la medida se incluye en el examen de cómo funciona la renta mínima cuando está a punto de cumplir su primer año de vida. La renta mínima vital solo llega a un tercio de los hogares esperados un año después.
El gobierno de coalición ha implementado por primera vez una renta mínima homogénea contra la pobreza en todo el país, una asignatura pendiente en España y exigida a Bruselas, pero uno de sus principales retos es que no está sirviendo correctamente para llegar realmente a las personas a las que se destina la ayuda.
La medida aprobada por el gobierno de coalición marcó un hito en la lucha contra la pobreza en el país, al establecer un piso de renta mínima homogéneo en todo el estado, una demanda de organizaciones sociales, voces expertas en pobreza y la propia Comisión Europea.
Un año después, la ayuda sigue celebrándose por la importancia de su implementación, con un importante pero llegó a mucha menos gente de la esperada, “725.000”, o poco menos de un tercio del objetivo de 2, 3 millones que se marcó el Ejecutivo.
Bruselas venía exigiendo a España esta protección social mínima desde hace años, pero ningún gobierno la había implementado hasta la fecha. España es uno de los países con mayor índice de pobreza de la UE, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza, el 20,7% en 2019. Este es el mayor desafío desde el nacimiento de la ayuda: llegar rápidamente a las personas para las que está destinada.
El gobierno ha estimado que el ingreso mínimo vital llegaría a unos 850.000 hogares beneficiarios, o alrededor de 2,3 millones de personas. No ha sido así.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dio a conocer el número más actualizado de beneficiarios de ayudas, “725.000 personas”, como compartió en junio en su cuenta de Twitter para celebrar el primer año de vida de IMV.
Cáritas destaca la gran cantidad de personas sin recursos que no conocían o no tenían suficiente información sobre el IMV, casi la mitad de los atendidos por la ONG. De hecho, sólo el “16%” de las personas que han solicitado ayuda de Cáritas reciben el ingreso estatal mínimo.
Tanto en el gobierno como en las organizaciones sociales, subrayan la oportunidad de mejorar la renta mínima vital a través del trámite parlamentario que se llevará a cabo en los próximos meses. Tras la prórroga del plazo de presentación de enmiendas, que finalizó este mes con la inscripción de última hora de una medida dejada por el ministerio de Escrivá, pero presentada por el PSOE en una adenda: una ayuda de 50 euros por niño que complementa la renta mínima vital y que también llega a familias con hijos en situación de pobreza moderada.
Varias ONG, como Cáritas y Oxfam Intermón, han pedido que se aumente el umbral mínimo de renta vital, ahora centrado en la pobreza más aguda, para que al menos todas las familias en extrema pobreza puedan acceder a él.
El Gobierno ha presupuestado unos 3.000 millones de euros en 2021 para la renta mínima vital, de los que, según AIReF, se gastará aproximadamente la mitad, o unos 1.500 millones, teniendo en cuenta las concesiones de ayudas.
El procedimiento parlamentario definirá los cambios futuros de la renta mínima vital que sigue teniendo un reto importante: reducir la pobreza que pesa sobre España, la cuarta economía del euro, como uno de los países más pobres de la UE.
