GIORGIA MELONI: ¿POR QUÉ AMENAZA CON EXPULSAR A ESPAÑA DE SCHENGEN?
Italia ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez. Este jueves, mientras miles de personas —en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias enteras con mujeres y menores— desbordaban el espigón de El Tarajal en Ceuta, Giorgia Meloni activaba en Roma una maquinaria diplomática que hace tiempo que no se veía entre socios europeos: la amenaza real de suspender el Acuerdo Schengen con España. No es un exabrupto ni una bravata electoral. La primera ministra ha convocado a los organismos competentes, ha hablado con su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y ha dejado por escrito en redes sociales que Roma está «preparada para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias». El mensaje no podía ser más directo: si Madrid no controla su frontera sur, Italia se plantea cerrar la suya con España.
El hecho y su verdadero calado
Lo ocurrido en Ceuta este jueves ha sido descrito por fuentes italianas como la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, cuando otra avalancha similar puso en jaque a la ciudad autónoma. La diferencia esta vez es el contexto europeo: con Meloni consolidada como referencia de la derecha continental y con Salvini de nuevo en el Gobierno italiano, la respuesta no se ha limitado a la gestión fronteriza puntual, sino que se ha convertido en un pulso político de fondo sobre el modelo migratorio de España y, por extensión, sobre la coherencia del espacio Schengen como tal.
Aquí está el verdadero calado de la noticia: no se trata solo de si Italia cierra o no una frontera interior con España —algo que, técnicamente, exigiría activar cláusulas excepcionales del Código de Fronteras Schengen reservadas para amenazas graves al orden público o la seguridad interior—. Se trata de que, por primera vez con esta intensidad, un gobierno europeo señala públicamente que la política migratoria de otro Estado miembro constituye una amenaza directa para su propia seguridad nacional. Y lo hace vinculándolo, sin ambages, a una decisión concreta del Ejecutivo español: la concesión de ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes irregulares, que Tajani ha calificado sin rodeos de «profundamente errónea» y como un incentivo directo al tráfico de personas.
La raíz del conflicto: Schengen bajo presión desde 2015
Para entender por qué esta amenaza tiene recorrido real y no es solo ruido mediático hay que remontarse a la crisis de refugiados de 2015, el momento en que el espacio Schengen empezó a resquebrajarse desde dentro. Desde entonces, países como Alemania, Francia, Austria o Dinamarca han reintroducido controles fronterizos internos de manera intermitente, siempre amparándose en las mismas cláusulas de excepcionalidad que ahora Roma pone sobre la mesa. Lo novedoso del caso italiano no es el mecanismo jurídico —que existe y es legal—, sino el destinatario: nunca antes una gran economía del sur de Europa había amenazado abiertamente a otra con este instrumento por una cuestión de política migratoria bilateral.
Salvini, además, ha cargado el argumento de una dimensión personal que resuena con fuerza entre su electorado: ha recordado que él mismo afrontó un proceso judicial con riesgo de seis años de cárcel por bloquear el desembarco de 147 migrantes del Open Arms en 2019, mientras acusa a Sánchez de no asumir ningún coste político equivalente por sus propias decisiones migratorias. Es la vieja tensión entre quienes defienden fronteras duras como garantía de soberanía y quienes, según la crítica conservadora, priorizan una gestión migratoria abierta que termina trasladando el problema a los vecinos.
Las voces enfrentadas
El desarrollo de esta crisis ha dejado un contraste nítido entre dos maneras de entender la soberanía fronteriza. Mientras Meloni, Tajani y Salvini hablan con una sola voz —fronteras, repatriaciones efectivas, cero tolerancia con las mafias de tráfico de personas—, el Gobierno español ha optado por la vía de la gestión bilateral con Marruecos, anunciando que ambos países refuerzan la coordinación para devolver «lo antes posible» a quienes han entrado de forma irregular. Pedro Sánchez ha insistido en que España y Marruecos «trabajan conjuntamente» para recuperar la normalidad, y Fernando Grande-Marlaska viajará este viernes a Ceuta para supervisar sobre el terreno la situación.
La diferencia de tono es reveladora. Donde Roma habla de amenaza a la seguridad nacional y plantea medidas extraordinarias, Madrid habla de coordinación y normalización, un lenguaje que desde la óptica liberal-conservadora suena a gestión reactiva más que a estrategia preventiva. Es exactamente el contraste que Vox, Le Pen o el propio Trump llevan años señalando en sus respectivos contextos: la izquierda europea gestiona las crisis migratorias como emergencias humanitarias puntuales, mientras la derecha las entiende como fallos estructurales de soberanía que requieren respuestas estructurales, no parches diplomáticos.
El escenario a corto plazo y la tendencia de fondo
A fecha de cierre de esta edición, Italia no ha activado formalmente la suspensión de Schengen con España, pero el hecho de que se haya puesto oficialmente sobre la mesa —con reuniones convocadas y contactos ministeriales confirmados— cambia el tablero. Si Roma decide avanzar en esta dirección en los próximos días, las consecuencias prácticas serían inmediatas: controles fronterizos en los pasos entre ambos países, retrasos logísticos para el transporte de mercancías y personas, y un golpe reputacional serio para España dentro de la Unión Europea justo cuando Bruselas revisa sus propios mecanismos de gestión migratoria.
Pero el efecto más importante no es logístico, sino político. Esta amenaza italiana puede convertirse en el precedente que otros gobiernos de la derecha europea —desde la Francia de Le Pen hasta gobiernos del Este— utilicen en el futuro para presionar bilateralmente a socios que consideren laxos en el control de sus fronteras exteriores. Si Italia normaliza el uso de la suspensión de Schengen como herramienta de presión política y no solo como respuesta técnica a una emergencia puntual, el espacio de libre circulación europeo entra en una fase distinta: la de la fragmentación selectiva, donde cada país empieza a tratar sus fronteras internas como palancas de negociación migratoria. Ceuta, en ese sentido, podría acabar siendo recordado no como un episodio aislado, sino como el punto de inflexión donde la crisis migratoria del sur de Europa dejó de ser un problema español y se convirtió en un problema continental con consecuencias diplomáticas de primer orden.
