Declaración de David Sánchez en el juicio de Badajoz: El hermano del presidente comparece sólo ante su abogado mientras el caso revela el patrón de siempre
El 4 de junio de 2026, David Sánchez Pérez-Castejón —conocido artísticamente como David Azagra— declaró como investigado en la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en 2017 en la Diputación provincial, en lo que constituyó la jornada más esperada de un juicio que lleva semanas destapando correos comprometedores, rivalidades políticas internas del PSOE y un proceso de selección que al menos una aspirante consideró amañado de antemano.
La estrategia del silencio selectivo
David Sánchez compareció ante el tribunal con una estrategia calculada hasta el último detalle: sólo respondería a las preguntas de su abogado, Emilio Daniel Cortés Bechiarelli. Esa decisión, completamente legal en el derecho procesal español, vacía sin embargo de contenido informativo la declaración del investigado principal y es en sí misma un mensaje al tribunal. Ante su letrado, Sánchez negó haber influido en nadie para que se le adjudicara la plaza y describió su trabajo como una «evolución natural» del cargo original, explicando que la Oficina de Artes Escénicas a la que fue promovido «no era un lugar físico con una ventanilla». Reconoció que Luis Carrero —el exasesor de la Moncloa que también figura entre los once investigados— era «amigo suyo» y le «ayudaba a redactar proyectos», aunque insistió en que esa ayuda era «desinteresada» y que él no influyó para que Carrero obtuviera después su propia plaza en la institución.
Lo que el resto de los acusados dejó en el aire
La sesión del 4 de junio fue, en realidad, mucho más reveladora por las declaraciones de los coacusados que por la del propio David Sánchez. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE de Extremadura, abrió el turno de interrogatorios con una batería de negaciones que contrastan punto por punto con los correos electrónicos intervenidos durante la instrucción. Gallardo afirmó que la decisión de crear la plaza «vino de Cultura», no de él; que «nunca creó un traje a medida para nadie»; que ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tuviera hermanos cuando se diseñó el puesto; y que, cuando se enteró de que uno de los candidatos era familiar del entonces exsecretario general del PSOE —al que él había apoyado en su contra—, simplemente pensó: «Que gane el mejor». La exdirectora del área de Cultura, Elisa Moriano, zanjó su declaración con una frase que es casi un manual de cinismo administrativo: «Se escogió al candidato más idóneo y ya está».
El daño ya estaba hecho: la UCO y la aspirante que lo sabía
Antes de que cualquier acusado pusiera un pie en el estrado, la causa ya había encajado sus golpes más duros durante la fase testifical. El jefe de delitos económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Balas, leyó en sala una serie de correos electrónicos intervenidos durante la instrucción que, según su interpretación, demuestran que «la plaza adjudicada al hermano del presidente estaba predeterminada». Una de las aspirantes que concurrió al mismo proceso de selección declaró que, antes incluso de presentarse, ya sabía por los corrillos del sector que «la plaza era para David Sánchez». Un agente inmobiliario añadió que el propio Sánchez le dijo que buscaba piso en Badajoz porque «se iba a vivir allí» antes de haber realizado siquiera la entrevista de trabajo. Por el proceso habían desfilado una cuarentena de testigos; la mayoría, empleados de la Diputación que declararon no haber visto irregularidad alguna en el trabajo cotidiano de Sánchez, aunque sin desmentir que sobre su ingreso en la institución «sólo había rumores».
Los cargos, la acusación y el silencio de la Fiscalía
David Sánchez y los otros diez investigados afrontan delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Para David Sánchez, las acusaciones populares —entre las que figuran Manos Limpias, Vox y HazteOír— piden tres años de prisión. El salario del puesto de coordinador de conservatorios, que nunca antes había existido en la Diputación, estuvo en el centro de la controversia desde 2017: el cargo fue creado como puesto de alta dirección, lo que lo blindaba de la posibilidad de ser ocupado por concurso de méritos entre funcionarios y permitía su «fácil desaparición» si resultaba conveniente, en palabras del propio Gallardo ante el tribunal. La Fiscalía, sin embargo, ha pedido la absolución para todos los acusados junto a las defensas, una coincidencia que constituye el hueco analítico que nadie en la primera página de resultados ha cubierto todavía: cuando el Ministerio Público y las defensas coinciden en pedir la libre absolución y la condena queda exclusivamente en manos de las acusaciones populares, el tribunal se enfrenta a un escenario procesal poco común que obliga a ponderar si la acción popular está ejerciendo una función democrática de control o instrumentalizando el proceso penal con fines políticos.
La sombra de Leire Díez sobre la sala
La declaración de David Sánchez se produjo en el peor momento posible en términos de contexto político. El mismo día en que comparecía como investigado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz levantó el secreto de sumario de la investigación sobre Leire Díez, conocida como «la fontanera del PSOE», señalada por haber intentado maniobrar para anular este mismo juicio y apartar a la magistrada instructora, Beatriz Biedma. Esa coincidencia de fechas —intencionada o no— contamina el ambiente en el que el tribunal deberá valorar los testimonios del día, porque la presunta trama de obstrucción aparece ahora como un telón de fondo que la defensa no puede ignorar y la acusación explotará en su informe final.
Enchufismo con código penal: la historia que se repite
Lo que en los años noventa se llamó enchufismo y hundió gobiernos tiene hoy nombre en el Código Penal —prevaricación, tráfico de influencias— y tribunal propio, pero el guión de fondo permanece inalterado. El caso del hermano de Pedro Sánchez remite directamente a la larga tradición de escándalos de contratación en diputaciones provinciales españolas, instituciones con presupuestos millonarios, escaso control ciudadano directo y estructuras de personal históricamente permeables a la afinidad política. La diferencia con los casos Filesa o Juan Guerra —que definieron el final del felipismo— es que en 2026 existe una Unidad Central Operativa que interviene correos, una instrucción judicial que se ha negado a archivar pese a las presiones documentadas, y once acusados sentados en el banquillo con los correos electrónicos de 2016 y 2017 sobre la mesa. El juicio estaba previsto para concluir en torno al 9 de junio de 2026, y la sentencia marcará no sólo el destino procesal de David Sánchez, sino también el límite real de lo que la acción popular puede exigir en la España de la legislatura Sánchez.
