La sombra del régimen de Al-Bashir sobre la paz en Sudán: por qué ningún alto el fuego sobrevive al legado islamista
Tres años después de que los primeros disparos sonaran sobre Jartum en la madrugada del 15 de abril de 2023, la guerra civil sudanesa se ha convertido en la mayor crisis humanitaria del planeta. Pero el conflicto que enfrenta a las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no nació en 2023: nació en 1989, cuando Omar al-Bashir dio su golpe de estado y comenzó a construir un estado islamista que, aunque formalmente derrocado en 2019, nunca fue verdaderamente desmantelado.
¿Por qué no funciona el alto el fuego en Sudán?
¿Por qué no funciona el alto el fuego en Sudán? La respuesta, según el ex representante especial del Secretario General de la ONU Mongi Hamdi, no es táctica sino ideológica. Cuando Washington, Riad, El Cairo y Abu Dabi propusieron una iniciativa de paz que incluía cese de hostilidades, acceso humanitario y transición política, las Fuerzas Armadas Sudanesas rechazaron la propuesta de forma categórica. El ejército, bajo el mando del general Abdel Fattah al-Burhan, no negocia desde una posición de debilidad militar, sino desde una agenda de supervivencia política: aceptar cualquier acuerdo que abra las puertas a un gobierno civil significaría exponer las redes islamistas incrustadas en las instituciones del estado y renunciar al proyecto ideológico que las SAF llevan tres décadas protegiendo.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido, por su parte, han firmado y violado sucesivos acuerdos de silencio de las armas desde el primer mes de guerra. El patrón se repite: tregua anunciada, tregua rota, nueva ofensiva en Darfur u otras regiones. La ausencia de un mecanismo de verificación independiente y la negativa de las SAF a permitir observadores internacionales neutralizan cualquier compromiso sobre el papel. Tampoco ayuda que ambas partes hayan declarado paralelos «gobiernos legítimos»: el de Burhan reconocido por la Liga Árabe y el Consejo de Seguridad, y el de las RSF con el apoyo táctico de Emiratos Árabes Unidos, lo que convierte cada negociación en una batalla de reconocimiento diplomático antes de que empiece.
¿Quiénes son las Fuerzas de Apoyo Rápido?
¿Quiénes son las Fuerzas de Apoyo Rápido y por qué pelean contra el ejército? Las RSF nacieron de las entrañas del propio régimen de Al-Bashir: son la versión institucionalizada de las milicias janjaweed que en los años 2000 arrasaron aldeas en Darfur por cuenta del gobierno de Jartum, causando entre 200.000 y 400.000 muertes y desplazando a más de dos millones de personas. El general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como «Hemedti», las convirtió en una fuerza de 100.000 efectivos con economías paralelas basadas en el control del oro sudanés y contratos de seguridad en el Golfo Pérsico.
La pelea entre las SAF y las RSF no es una guerra fratricida accidental: es la implosión de un pacto de conveniencia que se sostuvo artificialmente. Durante el gobierno de transición del general Burhan (2019-2023), las RSF operaban como un cuerpo armado semiautónomo dentro del estado, con presupuesto propio, mando separado y lealtades construidas sobre dinero y etnia más que sobre doctrina. Cuando las negociaciones para integrar las RSF en las Fuerzas Armadas regulares —que implicaban subordinar a Hemedti a la cadena de mando— llegaron a un punto muerto, la tensión pasó de la mesa de negociaciones a las calles de Jartum en pocas horas. Las RSF no pelean por restaurar ningún orden ideológico; pelean para no ser absorbidas y disueltas por una institución que las trataría como lo que históricamente han sido: una milicia de exterminadores a sueldo.
¿Qué papel tiene el régimen de Al-Bashir en la guerra actual?
¿Qué papel tiene el régimen de Al-Bashir en la guerra actual? La guerra civil sudanesa no es solo una lucha por el territorio del presente; es el último capítulo de una batalla ideológica que comenzó cuando el mundo miraba hacia Berlín, hacia la caída del muro, mientras en Jartum el islamismo tomaba el poder por la fuerza. Al-Bashir construyó algo más complejo que una dictadura personal: fusionó poder político, doctrina islamista y aparato de seguridad en una estructura sistémica que sobrevivió a su propia caída. Su partido, el Congreso Nacional (NCP), surgido directamente del Frente Islámico Nacional y de las redes de los Hermanos Musulmanes sudaneses, controló durante tres décadas la administración, la economía, los tribunales y los cuadros de mando militar.
Cuando Burhan dio su golpe de estado en octubre de 2021 —apenas dos años después de que los manifestantes sudaneses echaran a Al-Bashir— lo hizo apoyándose en esos mismos cuadros: oficiales formados en la ideología del NCP, islamistas camuflados en el escalafón, redes económicas ligadas a negocios del antiguo régimen. Esta continuidad estructural es lo que convierte cada iniciativa de paz en un ejercicio de geometría imposible: los negociadores en el lado de las SAF son, en muchos casos, los herederos directos del sistema que se supone que la transición debería desmantelar. La New African Magazine, citando al ex diplomático Hamdi, lo define con precisión: «La guerra actual es menos una lucha por la unidad nacional que una contrarrevolución disfrazada».
¿Qué pasó con Omar al-Bashir después de su derrocamiento?
¿Qué pasó con Omar al-Bashir después de su derrocamiento? Al-Bashir fue arrestado en abril de 2019 y recluido en la prisión de Kobar, en Jartum, tras ser derrocado por el ejército después de meses de protestas masivas. Un tribunal sudanés lo condenó en 2019 a dos años de internamiento en un establecimiento de reforma por corrupción y posesión ilícita de divisas extranjeras —no exactamente el procesamiento que las víctimas de Darfur exigían. En febrero de 2020, el Consejo Soberano de transición anunció que estaba dispuesto a entregarlo a la Corte Penal Internacional, que pesa sobre él con dos órdenes de detención dictadas en 2009 y 2010 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur.
Sin embargo, la entrega nunca se materializó. Con el golpe de Burhan en 2021, el proceso se congeló. Desde entonces, la localización y estado de salud de Al-Bashir han permanecido envueltos en una opacidad que resulta reveladora en sí misma: sus redes siguen activas, y el exdictador representa simbólicamente el proyecto que sus herederos en el ejército tratan de restaurar. Mientras tanto, Ahmed Haroun, gobernador de Kordofán del Sur y también buscado por la CPI, ha llegado a declarar públicamente su disposición a presentarse a futuras elecciones, lo que ilustra hasta qué punto el aparato islamista sigue operando sin apenas disimulo.
¿Qué son las conversaciones de paz de Nairobi para Sudán?
¿Qué son las conversaciones de paz de Nairobi para Sudán? Las conversaciones de paz en Nairobi para Sudán en 2026 representan el intento más reciente —y quizás más estructurado— de reunir bajo un mismo techo a los grupos civiles, políticos y armados sudaneses que han quedado fuera de las negociaciones bilaterales entre las SAF y las RSF. A finales de mayo de 2026, una amplia coalición de fuerzas civiles y movimientos armados sudaneses se reunió en la capital keniana y aprobó una «Declaración de Principios Sudaneses» que sienta las bases para una eventual tregua, un mecanismo de acceso humanitario y un esquema de gobernanza para la transición posconflicto. Entre los presentes estuvo el ex primer ministro Abdalla Hamdok, referente de la revolución civil de 2019.
La propuesta concreta que emergió de Nairobi fue un alto el fuego renovable de tres meses supervisado por actores locales, regionales e internacionales. La lógica del proceso es clara: dado que ninguno de los dos bloques armados —ni las SAF ni las RSF— ha aceptado de forma sostenida las iniciativas patrocinadas por potencias externas como la de Ginebra en agosto de 2024, la estrategia de Nairobi apuesta por crear primero una plataforma civil unificada que pueda presentarse como el sujeto político legítimo de una futura transición, sin depender de que los generales se sienten en la misma mesa.
¿Por qué Occidente quiere excluir a los islamistas de la transición?
¿Por qué Occidente quiere excluir a los islamistas de la transición? La respuesta está en la aritmética del fracaso: cada vez que los actores islamistas herederos del NCP han participado en fórmulas de gobernanza desde 2019, han saboteado el proceso desde dentro. Fueron cuadros ligados al antiguo régimen los que facilitaron el golpe de Burhan en 2021, clausurando el período más esperanzador de la transición civil sudanesa. Para las cancillerías occidentales y para la sociedad civil sudanesa organizada en el exterior —que incluye al movimiento Taqadum liderado por Hamdok— permitir al Partido del Congreso Nacional o sus derivados reorganizarse en torno al proceso de paz equivale a dejar que los pirómanos dirijan el cuerpo de bomberos.
Los islamistas sudaneses en las negociaciones de paz representan además un problema de credibilidad estructural: su doctrina es incompatible con los marcos de transición liberal que Occidente financia —elecciones competitivas, estado laico, rendición de cuentas ante la CPI—. La exclusión no es, entonces, meramente ideológica; es funcional. Un proceso de paz que incluya a actores cuyo objetivo declarado es restaurar el orden anterior a 2019 no puede producir, por definición, una transición civil en Sudán después de la guerra que resulte duradera. El problema, señalado con cierta amargura por los analistas más lúcidos, es que excluir formalmente a esas redes no las elimina: las empuja a operar en la sombra de los que sí están sentados en la mesa.
¿Cuántas personas han sido desplazadas por la guerra?
¿Cuántas personas han sido desplazadas por la guerra? Las cifras son tan grandes que pierden concreción: según datos de la ONU de enero de 2026, 9,3 millones de personas han sido desplazadas dentro de las fronteras de Sudán, y más de 4,3 millones han cruzado hacia países vecinos —Chad, Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, República Centroafricana— ejerciendo una presión insostenible sobre economías ya frágiles. Más de 21 millones de sudaneses sufren inseguridad alimentaria aguda, y la ONU necesitaría 2.900 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los 34 millones de personas que requieren algún tipo de asistencia. Informes previos hablan de más de 150.000 muertos directos desde abril de 2023.
La infraestructura de comunicación y servicios ha colapsado en amplias regiones del país, especialmente en Darfur y Jartum, donde hospitales y redes eléctricas han sido objetivos deliberados de las operaciones militares. Para entender los actores que mueven la guerra en Sudán, obras como Sudan: A History de Robert Collins o los análisis del International Crisis Group sobre el Cuerno de África ofrecen el marco histórico sin el que los titulares se vuelven ininteligibles. El mapa del territorio en disputa cambia semana a semana, y un buen atlas geopolítico del continente africano permite situar la complejidad étnica y territorial que hace de Sudán un estado casi imposible de gobernar sin consenso. Para quienes trabajan en zonas donde la infraestructura ha colapsado, las radios portátiles de emergencia se han convertido en el único medio de acceso a información en tiempo real en comunidades sin electricidad ni cobertura móvil.
La transición civil en Sudán después de la guerra, si llega, no podrá construirse sobre los mismos cimientos que sostuvieron el edificio de Al-Bashir durante treinta años. Lo que Nairobi intenta, con sus declaraciones de principios y sus treguas de tres meses, es crear un sujeto político que no existía en 2019 cuando la revolución triunfó: una plataforma civil capaz de hablar con una sola voz ante los generales y ante la comunidad internacional. Si esa plataforma no consigue desprenderse de la sombra del régimen anterior —de sus cuadros, sus redes financieras y su doctrina—, el proceso de paz seguirá siendo, como hasta ahora, un ritual que los actores armados toleran porque saben que no les cuesta nada romperlo.
