¿Podría Julito Martínez pactar con la Fiscalía en el caso Plus Ultra?
La pregunta que más incomoda hoy en los despachos del socialismo español no es si Zapatero es culpable, sino qué sabe exactamente el hombre al que la UDEF llama su testaferro y qué puede ofrecerle la Fiscalía Anticorrupción a cambio de que lo cuente. Julio Martínez Martínez, conocido en el sumario como «Julito», acumula los indicios más explosivos del caso Plus Ultra y, desde que su abogado rompió con él por «diferencias irreconciliables», los signos apuntan en una dirección inequívoca: el silencio tiene precio y ese precio se está negociando ahora mismo.
Quién es Julito y qué tiene que ver con Zapatero
Julio Martínez Martínez es un empresario alicantino que, según el juez José Luis Calama del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, actuó como «interlocutor», «receptor de información» y «ejecutor de instrucciones» dentro de una estructura societaria diseñada para dificultar el rastreo del dinero procedente del rescate público. La UDEF lo identifica directamente como testaferro del expresidente: el hombre que ponía la cara en las sociedades mientras Zapatero ponía los contactos políticos. Los dos eran compañeros de carreras matutinas, pero la relación iba bastante más allá del deporte.
La UDEF tiene acreditados al menos cuatro viajes conjuntos a Caracas entre Martínez y directivos de Plus Ultra, incluido uno el 18 de noviembre de 2025, un mes antes de la detención. No eran viajes de turismo. La aerolínea hispano-venezolana recibió en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, y la investigación sostiene que al menos parte de esos fondos fueron canalizados mediante sociedades instrumentales y contratos presuntamente ficticios para blanquear dinero procedente de Venezuela. En ese circuito financiero, Martínez gestionaba «decenas de sociedades» para mover los fondos y distribuirlos en el entorno del expresidente.
En la comisión Koldo del Senado, cuando el portavoz del PP le preguntó directamente si el dinero de Plus Ultra terminó en la familia Zapatero, Julito asintió. Un gesto que, en términos judiciales, vale más que muchas declaraciones.
El contrato del 1% que lo inculpa solo
Uno de los documentos más devastadores del sumario es, en apariencia, un simple contrato mercantil. La UDEF encontró en una nave industrial propiedad de Martínez una copia del acuerdo firmado entre él, a través de su empresa Idella Consulenza Strategica, y Plus Ultra. El documento estipulaba que la aerolínea pagaría a Martínez el 1% del importe del rescate que el Gobierno aprobara, más IVA. En términos matemáticos: el 1% de 53 millones son 530.000 euros. Y lo más revelador no es la cifra, sino el plazo: el contrato prometía a Plus Ultra que el rescate llegaría «en un periodo corto», y efectivamente, a los dos meses de la firma, el dinero estaba concedido.
Ese documento convierte lo que Zapatero presentaba como trabajo de consultoría legítima en una comisión encubierta por gestionar una decisión política. La cadena es clara: Plus Ultra paga a Análisis Relevante, la empresa de Martínez, y Análisis Relevante paga al entorno Zapatero. Según las investigaciones, la cifra abonada finalmente al expresidente rondó los 450.000 euros articulados como honorarios de consultor. La existencia del contrato del 1% no deja mucho espacio para la teoría de la coincidencia.
Por qué renunció el abogado Bernardo del Rosal
El 27 de mayo de 2026, apenas unos días después de que se levantara el secreto del sumario y se formalizara la imputación de Zapatero, el catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal comunicó al juez Calama su renuncia a defender a Martínez. La razón oficial: «diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa». Del Rosal es uno de los penalistas más reputados de España, y su renuncia no fue un trámite burocrático.
En el argot procesal, «diferencias irreconciliables en la estrategia» tiene una traducción bastante precisa: el cliente quiere hacer algo que el abogado no está dispuesto a avalar, o el abogado recomienda una vía que el cliente rechaza. En el contexto de un sumario que acaba de abrirse y una imputación grave por organización criminal, las opciones son básicamente dos: seguir callado o pactar. Que un penalista de primer nivel abandone el barco justo cuando el sumario se hace público y la presión se multiplica indica que Martínez está contemplando una tercera vía que no encajaba con la estrategia de Del Rosal. La nueva defensora elegida, María Dolores Márquez de Prado, es una ex fiscal que combatió a los GAL y tiene experiencia en casos de alta complejidad política, lo que añade un matiz estratégico interesante: alguien que conoce los mecanismos del pacto desde dentro del sistema.
Los teléfonos desechables: la prueba de la consciencia criminal
Una de las evidencias más dañinas del sumario no es contable sino conductual. Según un testigo presencial que habló con El Español, Julito Martínez usaba teléfonos básicos, sin conexión a internet y con tarjetas SIM de prepago para comunicarse con Zapatero, y era él quien se los suministraba. El dispositivo emblemático en el sumario es un Nokia 3310 sin acceso a datos que Zapatero utilizó durante una reunión clandestina en El Pardo y que, al terminar, entregó a Martínez para que lo destruyera. Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo ya condenado, ratificó ante la Audiencia Nacional que Zapatero utilizaba teléfonos desechables similares a los que empleaba la trama Koldo.
Este detalle importa porque en derecho penal la conciencia de ilicitud es un elemento constitutivo del delito. Dos amigos que quedan a correr no utilizan Nokias prepago. El uso sistemático de estos dispositivos destruibles, acreditado por múltiples fuentes y testigos, constituye una evidencia directa de que los participantes sabían que estaban haciendo algo que no debía dejar rastro electrónico.
Las joyas: 103 piezas y 1,3 millones sin justificar
Durante el registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz el 19 de mayo de 2026, la UDEF incautó 103 piezas de alta joyería guardadas en una caja fuerte. La peritación oficial encargada por el juez Calama, realizada por la casa Ansorena, tasó el conjunto en 1,3 millones de euros, con piezas individuales que oscilan entre cero valor y 278.000 euros por una gargantilla. El portavoz de Zapatero intentó inicialmente minimizar el hallazgo asegurando que no valían más de 50.000 euros; posteriormente tuvo que pedir disculpas por «haber inducido a error».
La investigación sobre estas joyas abre una pieza separada por delitos fiscales y contrabando. No basta con que existan: el problema es su origen. La secretaria de Zapatero indicó que algunas procederían de la herencia de su esposa, pero el juez considera que la falta de documentación sobre su procedencia coloca al expresidente al borde de un delito fiscal. En la lógica del caso, estos objetos de lujo encajan con la hipótesis policial sobre una organización que blanqueaba capitales venezolanos a través de la venta de oro y joyas de alta gama.
¿Puede pactar con la Fiscalía? Qué implicaría
Sí puede, y el precedente más reciente es Aldama. El comisionista de la trama Koldo colaboró con la Fiscalía, declaró contra varios investigados, y esa cooperación se tradujo en una reducción significativa de su exposición penal. Martínez enfrenta cargos por organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, delitos que en acumulación pueden suponer penas de más de diez años. La Fiscalía Anticorrupción tiene un incentivo claro para llegar a un acuerdo: Julito es la bisagra entre el dinero venezolano y el entorno político español, el hombre que conoce las instrucciones verbales, las reuniones sin actas y los números de teléfono desechables.
Un pacto de colaboración con la Fiscalía funciona en términos procesales como una atenuante muy cualificada. No elimina la responsabilidad penal, pero puede transformar una condena de una década en una pena suspendida o reducida, especialmente si la información aportada es suficientemente relevante para fundamentar nuevas imputaciones. La clave es qué tiene Julito que la Fiscalía no puede obtener por otro medio: básicamente, el contenido de las conversaciones que nunca quedaron grabadas porque se desarrollaron a través de Nokias desechables. Él es el único interlocutor directo que puede reconstruir qué instrucciones recibía de Zapatero y en qué términos.
El periódico Vozpópuli y la periodista Teresa Gómez publicaron que Zapatero «alberga serias sospechas» de que Martínez se encuentre «a un paso de sellar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción» y que los lazos de confidencialidad que los unían «se han agrietado de manera irreversible». Si esa información es correcta, significa que el expresidente ya no controla a su hombre clave. Y en el tablero judicial, perder ese control es el principio del fin de cualquier estrategia de defensa coordinada.
El escenario si Julito decide hablar
Zapatero declaró ante el juez Calama el 17 de junio de 2026 durante tres horas, salió sin medidas cautelares y repitió que era «completamente inocente». Sin embargo, el juez rechazó imponer medidas cautelares pero dejó claro que los indicios siguen pesando en su contra. La Fiscalía llegó a pedir la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal ante un juzgado, petición que el juez no atendió de inmediato, pero que ilustra la gravedad con que Anticorrupción trata el caso. Que Zapatero se negara a responder cuando el juez le preguntó si mantenía relación con Julio Martínez —»no contesto» fueron sus únicas palabras — dice bastante sobre el estado de esa relación.
Si Martínez rompe el silencio y aporta a la Fiscalía el contenido de sus conversaciones directas con el expresidente, el peso de la causa se desplazaría de los indicios documentales a la prueba testimonial directa. El precedente histórico español confirma que este mecanismo funciona: de los casos GAL a Filesa, pasando por el caso Gurtel y el Koldo, el eslabón débil que decide hablar ha sido siempre el que ha determinado el alcance real de la condena al nivel superior. La lealtad en política tiene una lógica transaccional, y cuando las penas son lo suficientemente altas y la protección desde arriba se vuelve incierta, esa lógica manda. Julito lleva meses midiendo esa ecuación.
Para quienes quieran profundizar en la mecánica legal de este tipo de procesos, ensayos como «La Audiencia Nacional» de Manuel Marchena o guías de derecho penal para ciudadanos ofrecen contexto útil sobre cómo funciona la colaboración con la Fiscalía en España — un mecanismo que, como ha ocurrido en casos anteriores ampliamente documentados como el Koldo o el Gurtel, suele ser el punto de inflexión de las grandes causas de corrupción.
