Apagón España: El Mayor Ejercicio de Impunidad Energética de la Democracia
Un año después del cero eléctrico del 28 de abril de 2025, nadie ha dimitido, las sanciones son expedientes abiertos y el informe europeo que debería haber marcado responsabilidades se convirtió en el acta notarial de un sistema que falló en todo menos en protegerse a sí mismo.
El Diagnóstico: Lo Que Pasó en 21 Segundos
A las 12:33 del 28 de abril de 2025, la red eléctrica peninsular sufrió una caída súbita de aproximadamente 15.000 MW, lo que representaba el 60% de la demanda en ese instante. En menos de un minuto y medio, entre las 12:32 y las 12:33, se produjo una secuencia de desconexiones de generación en varias zonas del sur y el sureste peninsular que supusieron la pérdida de más de 2,5 GW de generación, toda ella de fuentes renovables. En apenas 21 segundos, el sistema eléctrico experimentó una subida de tensiones de forma «rápida, sostenida y lineal» que los mecanismos de control fueron incapaces de contener. Las primeras desconexiones se registraron en Granada, Badajoz y Sevilla, y desde allí se desencadenó un efecto en cascada que se extendió por Huelva, Cáceres y el resto de la Península.
El resultado fue el apagón más grave del sistema eléctrico europeo en más de 20 años, y el primero de su tipo: una desconexión total que afectó a España peninsular, Portugal continental y Andorra, dejando sin electricidad a más de 50 millones de personas. La recuperación del suministro comenzó durante la tarde del mismo día, pero el 99% del suministro no se restableció hasta las 6:00 de la mañana del 29 de abril, con algunas zonas rurales que permanecieron a oscuras hasta 24 horas.
El impacto fue tan transversal que resulta difícil de dimensionar con una sola cifra. Los servicios ferroviarios se detuvieron, los hospitales funcionaron con generadores de emergencia, las comunicaciones se interrumpieron y el sistema bancario quedó paralizado. Las primeras estimaciones cifraron el coste potencial del apagón en hasta 4.500 millones de euros, equivalente al PIB diario de España, aunque análisis posteriores ajustaron esta cifra a un rango entre 1.000 y 1.600 millones. La CEOE habló de 0,1 puntos de PIB, unos 1.600 millones, mientras que el Gobierno cifró oficialmente el impacto en la economía española en 415 millones. Sin embargo, el coste real que nadie suma con facilidad es el del «escudo antiapagones» que Red Eléctrica ha tenido que mantener desde entonces: 666 millones de euros adicionales facturados a los consumidores.
El Precio Humano: Las Muertes que No Generaron Dimisiones
En los días inmediatos al apagón, los servicios de emergencia autonómicos y estatales confirmaron al menos diez fallecimientos directamente vinculados al corte del suministro. Las víctimas fueron en su mayoría personas dependientes de dispositivos médicos o que recurrieron a métodos alternativos de iluminación y calefacción. En Taboadela, Ourense, un matrimonio de 81 y 77 años y su hijo de 56 murieron por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador que alimentaba un respirador esencial. En Madrid, una vela encendida en el barrio de Carabanchel causó un incendio mortal. En Alzira, Valencia, falleció una mujer de 46 años dependiente de un respirador.
El impacto no terminó esa misma noche. Un estudio publicado en la revista médica Eurosurveillance, firmado por investigadores del Instituto de Salud Carlos III, detectó 147 muertes más de lo esperado en los tres días siguientes al colapso. El sistema de monitorización MoMo registró 84 muertes adicionales el 29 de abril y 83 más el día 30, un incremento del 7,2% respecto a los valores esperados. El estudio subrayó con mayor certeza el impacto sobre personas de 65 a 84 años, con 94 fallecimientos adicionales en ese grupo de edad, y documentó diferencias por sexo: el aumento fue más elevado entre mujeres. El propio día 28 se registraron 20 muertes menos de lo previsto, lo que sugiere que no hubo un efecto inmediato del fallo eléctrico, sino un efecto diferido por la interrupción de atención médica y tratamientos.
Ante estas cifras, la pregunta que nadie ha respondido con satisfacción institucional es elemental: ¿cuántas muertes se necesitan para que alguien dimita?
La Mecánica del Colapso: Lo Que Dice el Informe ENTSO-E
El 20 de marzo de 2026, casi un año después del apagón, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) publicó su informe final, elaborado por un panel de 49 expertos y encargado por la Comisión Europea. El documento tiene 470 páginas y emite 22 recomendaciones clasificadas en cinco áreas de acción. Sus conclusiones son técnicamente devastadoras para el sistema español, aunque políticamente convenientes para casi todos los actores implicados: al señalar a «múltiples factores», el informe diluyó la responsabilidad en una geometría variable que cada parte puede interpretar a su favor.
La tesis central del informe es que «el fenómeno clave fue la ineficacia del control de la tensión dentro del sistema eléctrico español». Los 49 expertos atribuyen el apagón a una «combinación de múltiples factores en interacción»: oscilaciones, deficiencias en el control de tensión y potencia reactiva, rápidas reducciones de producción, desconexiones de generadores y capacidades de estabilización desiguales. Con una precisión relevante, el informe detectó una alta correlación entre los picos de tensión en la red de transporte y la desconexión masiva de pequeños generadores fotovoltaicos (menores de 1 MW) conectados a la red de distribución: esos disparos automáticos por sobretensión alteraron los flujos de potencia entre redes, contribuyendo a la inestabilidad.
Hay un matiz crucial que el sector renovable ha explotado políticamente: el informe descarta explícitamente que las energías renovables sean la causa raíz del apagón. El presidente de ENTSO-E, Damián Cortinas, lo resumió con una frase que circuló ampliamente: «No se trata de las renovables, se trata del control de la tensión. No hay nada en las recomendaciones que no pueda implementarse mañana. El control de tensión se conoce desde hace mucho tiempo». Esta distinción es importante, pero no exonera al sistema de su responsabilidad: la razón por la que los generadores renovables no podían participar en el control de tensión era que el Procedimiento Operativo 7.4, la normativa que regula ese mecanismo, no había sido actualizada desde hacía años y excluía a las instalaciones solares de esta función. Es decir: el marco regulatorio sabía que había un hueco, y nadie lo tapó a tiempo.
El informe también señala un problema estructural en la interconexión ibérica. La media hora previa al apagón ya registró dos periodos de oscilaciones en el sistema eléctrico europeo, y para amortiguar esas oscilaciones, los operadores redujeron exportaciones España-Francia, acoplaron líneas internas en el sur y cambiaron el modo de operación del enlace franco-español. La paradoja técnica es que esas mismas medidas, aunque redujeron las oscilaciones, aumentaron la tensión en el sistema ibérico. España, por su posición geográfica como extremo de la red continental y su limitada interconexión con Francia, es especialmente vulnerable a este tipo de efecto amplificador.
El informe advierte que un episodio similar podría repetirse sin medidas preventivas, y entre sus recomendaciones destaca la armonización del rango de operación de tensión en Europa (380-420 kV), eliminando las excepciones que permitían a España operar hasta los 435 kV, lo que reducía el margen de seguridad antes de las desconexiones automáticas.
La Arquitectura de la Evasión: Por Qué la CNMC No Señaló a Nadie
El 29 de julio de 2025, apenas tres meses después del apagón, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó su primer informe sobre el cero eléctrico. El documento no apuntó a responsabilidades concretas y dejó abierta la imposición de sanciones para más adelante. Desde dentro del sector se ofreció una explicación técnico-jurídica para ese silencio: la CNMC no quería «pillarse los dedos» antes de tiempo, para evitar dar argumentos a los potenciales responsables ante los previsibles recursos que se formularían cuando se dictaminaran las sanciones.
Esa prudencia procesal tiene cierta lógica jurídica. Tiene menos lógica democrática. El organismo regulador tardó casi un año en pasar de los expedientes informativos a los expedientes sancionadores. El 17 de abril de 2026, a once días del primer aniversario del apagón, la CNMC incoó una primera tanda de 20 expedientes sancionadores contra siete empresas: Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia Electricidad y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. Una semana después, el 23 de abril de 2026, abrió 35 expedientes adicionales principalmente contra Iberdrola (18 expedientes) y Endesa (13), además de contra Engie, TotalEnergies, Contour Global La Rioja y la central nuclear de Almaraz.
La gradación es reveladora. Solo el expediente contra Red Eléctrica lleva la calificación de «infracción muy grave» según la Ley del Sector Eléctrico; el resto son catalogados como infracciones «graves». La CNMC ya había advertido que el régimen sancionador contempla multas de hasta 60 millones de euros para infracciones graves o muy graves, junto a sanciones accesorias como la inhabilitación temporal o la pérdida de autorizaciones administrativas. En la práctica, el proceso sancionador está apenas en su inicio: la instrucción de los expedientes, la audiencia a los imputados, los recursos previsibles y los plazos judiciales significan que cualquier sanción firme tardarán años en materializarse. Para un sector acostumbrado a litigar, esa demora equivale funcionalmente a impunidad.
Los Responsables y el Gran Teatro de las Dimisiones
Lo que el informe ENTSO-E no hace —y nadie esperaba que hiciera— es trazar la línea entre el fallo técnico y la responsabilidad política. Esa frontera la han disputado las instituciones con una intensidad directamente proporcional a su falta de consecuencias.
El Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio informe el 17 de junio de 2025, en el que la vicepresidenta Sara Aagesen achacó el problema a dos causas concurrentes: la «mala planificación» del operador del sistema, Red Eléctrica, y a las compañías generadoras, que en algunos casos se desconectaron «de manera indebida» pese a estar retribuidas económicamente para no hacerlo. El informe del Gobierno confirmó que Red Eléctrica había detectado que las centrales programadas para controlar la tensión, por restricciones técnicas, no estaban regulando tensión según lo previsto por la normativa vigente, y que cuando ordenó conectar una nueva central en la zona sur, esta «necesitaba una hora y media» para activarse y no llegó a tiempo.
La respuesta de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), fue por entonces un estudio en evasión política. Cuarenta y cinco horas después del apagón, cuando finalmente rompió su silencio, descartó dimitir con la afirmación de que España tiene «el mejor sistema del mundo» y que «no hay riesgo cero». En su segunda comparecencia ante el Senado, en marzo de 2026, tras conocerse el informe final de ENTSO-E, Corredor repitió la misma fórmula: «No hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica». Para reforzar esa posición, culpó a las eléctricas privadas de haber ocultado información relevante durante la investigación. Las eléctricas, a su vez, argumentaron a través de la patronal Aelec que Red Eléctrica «disponía de los recursos suficientes para garantizar la tensión» pero «optó por gestionar la tensión con una capacidad síncrona limitada y un reparto geográfico desequilibrado, lo que dejó al sistema en una situación de vulnerabilidad».
El círculo de la culpa giró durante meses sin detenerse en ningún punto fijo. El PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para cerrar la comisión de investigación con sus propias conclusiones, responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez, a la exministra Teresa Ribera, a la vicepresidenta Sara Aagesen, a Beatriz Corredor y a la propia CNMC. La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, exigió la «dimisión inmediata» de Aagesen y el «cese fulminante» de Corredor. En el primer aniversario del apagón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue más explícito: señaló directamente a Beatriz Corredor, a Teresa Ribera, a Sara Aagesen y a Pedro Sánchez como «responsables del apagón», afirmando que en un año «no se han asumido responsabilidades» ni habido «ninguna dimisión». Feijóo recordó además que desde el apagón el sistema lleva un coste adicional de unos 1.000 millones de euros en la factura de los españoles.
La acusación contra Teresa Ribera merece una nota específica. La exvicepresidenta tercera, que había sido la máxima responsable política de la transición energética antes de asumir la Vicepresidencia Ejecutiva de la Comisión Europea, fue señalada por el exdiputado socialista Francisco Vázquez como «la responsable política fundamental» del apagón, argumentando que la falta de inversiones en la red eléctrica fue consecuencia de su resistencia a actualizar el marco de control de tensión. Ribera no compareció en el Parlamento Europeo cuando se trató el apagón español. En la democracia española de 2025-2026, incluso los ex responsables parecen haber perfeccionado la técnica de la desaparición estratégica.
La Trampa Sistémica: El Fallo que Todos Sabían que Existía
Quizás el dato más incómodo de toda la investigación no está en el informe ENTSO-E sino en una fecha: el 12 de junio de 2025, siete semanas después del apagón, España actualizó el Procedimiento Operativo 7.4 para permitir que las instalaciones renovables participen en el control de tensión. Una actualización que el sector fotovoltaico llevaba años solicitando sin éxito. Esa normativa fue el talón de Aquiles del sistema: los generadores solares no podían ayudar a estabilizar la red aunque técnicamente fueran capaces de hacerlo, porque el reglamento se lo impedía. La electrónica de potencia de los inversores puede aportar un mayor rango de inyección y absorción de reactiva que la generación convencional, y puede hacerlo tan rápido como sea necesario, pero nadie había actualizado el marco para aprovecharlo.
El informe de Red Eléctrica, publicado en junio de 2025, determinó que «la desconexión de la generación que desencadenó el incidente fue incorrecta, con plantas que dispararon sin alcanzar el rango de tensión establecido para ello en la normativa vigente». En paralelo, la CNMC detectó en sus investigaciones que algunos de los incumplimientos habían sido «mantenidos durante periodos prolongados de tiempo». No fue, por tanto, un error puntual de una jornada de lunes de finales de abril: fue el resultado acumulado de una gestión deficiente que venía de atrás.
Las semanas previas al 28 de abril ya habían registrado sobretensiones persistentes en la red, con valores de hasta 15 kV por encima de lo habitual en algunas zonas. El sistema estaba avisado. Los mecanismos de alerta existían. Lo que no existía era la voluntad o la capacidad regulatoria para corregir el problema a tiempo.
El Expediente Sancionador como Espejo de Impunidad
Apertura de expedientes a un año vista. Calificaciones de «muy grave» que tardarán años en convertirse en sanciones firmes. Coste de la restauración del sistema socializado entre todos los consumidores a través de la factura de la luz, con un total estimado de hasta 51 millones de euros para pagar a las centrales que repusieron el suministro. Cincuenta y cinco millones de personas sin luz durante casi doce horas, al menos 10 muertos inmediatos confirmados, 147 fallecimientos adicionales estimados en los tres días siguientes, un daño económico de entre 1.000 y 1.600 millones de euros, y una factura de eficiencia sistémica que sigue corriendo en las facturas domésticas. Y a la vez: ninguna dimisión. Ninguna sanción firme. Ningún responsable señalado con nombre y apellido por una institución con poder ejecutivo.
La arquitectura institucional española produjo exactamente lo que estaba diseñada para producir en estos casos: investigaciones paralelas, informes que se remiten entre organismos, plazos que se extienden, recursos que se anuncian, confidencialidades que protegen datos incriminatorios y un consenso tácito entre reguladores, operadores y Gobierno sobre los límites hasta donde puede llegar la rendición de cuentas sin poner en riesgo la estabilidad del sistema.
El apagón del 28 de abril no fue solo un fallo eléctrico. Fue un test de estrés institucional que España suspendió. El informe ENTSO-E dijo con 470 páginas lo que una frase resume: el problema no era insoluble ni imprevisible. Era sabido, nombrado y aplazado. Cuando la red cedió, la pregunta técnica tuvo respuesta en meses. La pregunta política, un año después, sigue abierta como un expediente sancionador más.
La Solución que Nadie Quiere Pagar: Los BESS y el Futuro de la Red
El apagón demostró con brutalidad lo que los técnicos llevan años repitiendo: en un sistema eléctrico con alta penetración de energías renovables intermitentes, la resiliencia depende de la capacidad de almacenamiento y de respuesta rápida. Los sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) son la tecnología que puede aportar la estabilización de tensión en milisegundos que los generadores fotovoltaicos convencionales no ofrecen. A diferencia de las centrales térmicas o hidroeléctricas, que tienen turbinas giratorias que amortiguan las variaciones bruscas de frecuencia mediante la inercia mecánica, las plantas solares sin almacenamiento acoplado son eléctricamente «ligeras»: pueden desconectarse tan rápido como se dispararon.
España tiene la hoja de ruta. El Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido el objetivo de alcanzar 20 GW de almacenamiento energético para 2030. Lo que la crisis del 28A evidenció es que la ambición regulatoria y la velocidad de despliegue son dos variables que en España raramente coinciden. La actualización del PO 7.4 tardó cinco años en materializarse desde que Red Eléctrica la solicitó por primera vez en 2020. Con ese ritmo institucional, el siguiente evento de sobretensión puede llegar antes que la capacidad de BESS suficiente para contenerlo.
Para quienes gestionan infraestructuras críticas —hospitales, centros de datos, instalaciones industriales, redes de distribución de primer nivel— el apagón del 28A fue la prueba empírica de que la dependencia exclusiva de la red es un riesgo no asegurable. Los sistemas de almacenamiento con capacidad de operación en isla, los llamados off-grid backup, pasaron de ser un debate técnico a una necesidad operativa en la agenda de cualquier responsable de continuidad de negocio en España desde esa fecha.
El mercado ya registró ese giro. En las semanas posteriores al apagón, instaladores y clientes finales reportaron un crecimiento exponencial de la demanda de soluciones de almacenamiento energético. El problema es que el mercado no puede sustituir a la infraestructura de red. La descentralización del almacenamiento puede hacer más resilientes a los usuarios individuales, pero no cambia la arquitectura de una red de transporte que tiene un punto único de fallo crítico: el control de tensión en tiempo real, que en España quedó desprotegido durante demasiado tiempo.
El Legado del 28A: Un Aniversario sin Verdad Firme
Un año después del mayor apagón eléctrico de la historia democrática española, el balance institucional es el siguiente: un informe europeo de 470 páginas que explica el cómo pero elude el quién; 55 expedientes sancionadores abiertos por la CNMC —20 el 17 de abril y 35 más el 23 de abril de 2026— que tardarán años en resolverse definitivamente; una normativa de control de tensión actualizada post-facto que el sector llevaba cinco años reclamando; un coste sistémico que se paga en las facturas domésticas sin que nadie lo llame por su nombre; y cero dimisiones en cualquier nivel, político o ejecutivo, de las instituciones implicadas.
Damián Cortinas, presidente de ENTSO-E, dejó una frase que sintetiza la paradoja central del caso: «No hay nada en las recomendaciones que no pueda implementarse mañana. No es alta tecnología; es algo que sabemos hacer desde hace décadas». Si era tan sencillo, la pregunta no es técnica. La pregunta es política. Y esa, un año después, nadie la ha respondido ante nadie.
